Por Judith Valderrama
Fuente:
Conflitove.org.ve
Un
nuevo drama humano en las familias locales es atender el caso de un prisionero
en tiempos de protesta. Al recibir la noticia de un familiar detenido deben
correr a ubicarlos en los cuarteles de prisión, ponerles un defensor y
empezar el peregrinar por instancias judiciales, marcados por el miedo de
lo que pueda pasarles, sabiendo de torturas y tratos crueles al salir de
prisión, muchos escogen hacer silencio, otros quieren narrar su experiencia.
Dos casos particulares de detenidos; uno de supuesta tortura, otro de probable
trato cruel, siendo un joven especial, conmueve a los tachirenses, pero son
sólo parte de las muchas historias tristes y dantescas de las que ahora
habla la gente
Una
nueva realidad que enfrenta el tachirense, quien no sólo ha tenido que asumir
colas de hasta 8 horas para comprar alimentos y aceptar una marca en su piel
para pasar al supermercado; quien también ha tenido que ceñirse a un horario
impuesto por otros para entrar o salir de su casa; quien ha visto una ciudad
casi paralizada y encendida; quien ha tenido que dormir bajo la cama
cuando hay un ataque en su sector con bombas, detonaciones, uniformados y
civiles armados. Además de muchas penurias viejas y nuevas que se arrastran en
la región. A todo esto, decenas de familias deben sumar en su lista de
padecimientos la privación de libertad propia o de un familiar por hechos
vinculados con las protestas.
Las
historias narradas sobre lo vivido en y durante las detenciones son
espeluznantes en varios casos, tanto, que la mayoría prefiere no hacer pública
su vivencia, el silencio les hace sentir más seguridad, aun cuando tengan que
enfrentar solos las secuelas psicológicas de su experiencia.
Y
para quienes niegan de esas realidades en la prisión, la fiscal General de la
República, Luisa Ortega Díaz, le da oficialidad al tema presentando un balance
desde el pasado 12 de febrero, cuando se intensifican las protestas, hasta
ahora. Dice que el Ministerio Público actúa y contabiliza en el país 37
fallecidos, 559 lesionados y 168 privados de libertad. Manejan 81
investigaciones por presunta violación a los Derechos Humanos, de los cuales 2
son por tortura, 75 por trato cruel, 2 por homicidio consumado y 2 por homicidio
frustrado.
Mientras
Alfredo Romero, director nacional del Foro Penal, reporta que desde el 2 de
febrero hasta la fecha son 1.937 las detenciones. De esta cifra, 1.009 personas
se encuentran con medidas cautelares, y habla de 59 casos de tortura.
Cifras
que espantan cuando es un hijo, un padre o un familiar el privado de libertad.
En esta investigación se trata de analizar lo que significa la situación desde
varios aspectos, el legal, el humano y las consecuencias sicológicas que deja
una detención por situaciones vinculadas con las protestas. Muestran su visión
expertos, víctimas y defensores.
Foro
Penal defiende a los detenidos
El
grupo de abogados del Foro Penal hacen una tarea titánica en el Táchira,
literalmente persiguen a los detenidos para conocer sus condiciones físicas y
se ofrecen a defenderlos gratuitamente, en los casos relacionados con
detenciones vinculadas con las protestas que se dan en la región desde hace 53
días.
Raquel
Sánchez es la coordinadora en Táchira, de la Organización No Gubernamental Foro
Penal Venezolano, informa que para el miércoles 26 de marzo se habían
registrado 215 detenciones en la región, vinculadas con protestas iniciadas el
5 de febrero. De éstas, 22 personas continuaban privadas de libertad,
para el momento. El resto había salido bajo medidas diversas.
En
lo referente a tratos crueles, inhumanos o degradantes y tortura, explica
la experta en leyes que no todos los casos están siendo denunciados
formalmente, porque muchas víctimas temen hacerlo. A pesar de esa situación,
Sánchez dice que el Foro Penal en Táchira ha recogido la denuncia
“formal” de una supuesta tortura ocurrida a un joven agricultor en La
Grita, municipio Jáuregui, también manejan 14 causas abiertas por trato
cruel sufridas por detenidos vinculados con las protestas que iniciaron en
febrero pasado.
25
años por tortura
En
Venezuela se aprueba en junio pasado, una “Ley Especial para
Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles,
Inhumanos o Degradantes”. Hoy, parece tener mucha vigencia esta materia,
cuando temas como tortura son parte de la discusión diaria del ciudadano
común, y ya dejaron de ser historias de películas o de dictaduras del pasado
siglo.
El
artículo 17 de la referida Ley dice que el funcionario público que en funciones
inherentes a su cargo lesione a un ciudadano o ciudadana que se encuentre bajo
su custodia en su integridad física, psíquica o moral, o por cualquier razón
basada en cualquier tipo de discriminación, con la intención de intimidar,
castigar u obtener información o una confesión, será sancionado con pena de 15
a 25 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
“Nunca
me habían pegado tanto en la vida”
En
compañía de la mujer que hace de su mamá, porque es huérfano, un joven especial
detenido cerca del Obelisco de San Cristóbal el 17 de marzo, narra lo que le
sucedió. Sin entender mucho lo legal, pero claro que no es delincuente,
muestra evidencias de golpes supuestamente hechos durante su captura,
incluyendo una herida en la cabeza que asegura, corresponde a un cachazo con
arma de fuego efectuados por militares
Vive
en Barrio Sucre, donde suele hacer mandados o trabajos para los vecinos y le
agradecen con una propina. “Yo caminaba por los Bomberos recordando que mamá me
dijo que me cuidara y fuera rápido a almorzar, a eso iba, cuando sentí que los
policías estaban encima de mí. Les dije que no me hicieran nada, que no me iba
a resistir. Los bomberos vieron todo lo que me pasó. Los policías me pegaron
primero un cachazo en la cabeza, me subieron a la moto y mientras uno me tenía,
el otro me daba con el casco”.
Así
empezó –el 17 de marzo- un nuevo episodio de crueldad en la vida de Ángel
Cardozo, de 19 años de edad, para quien existir no ha sido fácil. Cuando tenía
seis años de edad muere su madre de leucemia, a los pocos años su padre de una
infección intestinal. Era el menor de seis hermanos y ante la insostenible
situación, tres de ellos se vienen a San Cristóbal: “Mis dos hermanos mayores
decían que aquí se podía trabajar y comer, sé que mi hermana se casó con un
policía de Colombia, de los otros no sé nada desde hace años”.
Venían
de San Antonio del Táchira, su residencia al llegar a San Cristóbal fue debajo
del puente del viaducto nuevo. “Para comer barríamos algunos negocios y
nos daban algo, pedíamos en restaurantes o recogíamos de la basura”. Hace dos
años Ángel quedó solo, sin familia, mataron a los dos hermanos con quienes
convivía, dice no conocer la razón del hecho: “Me quería morir, iba a los
barrios donde sabía que mataban a la gente intentando que un tiro me alcanzara,
pero no pasó. Me salvé, mi papá era cristiano y aprendí a temer a Dios”, cuenta
que por esa creencia nunca cayó en el delito a pesar del hambre y vivir en la
calle solo.
“Ya
solo, era más difícil, no dormía casi de tanta hambre que padecía, buscaba en
las papeleras, la de Dulces y Dulces y con eso comía. Oraba, le pedía a Dios, a
veces lloraba, pero sabía que eso me había tocado a mí”.
En
manos de la ley
Ahora
Ángel está bajo medida cautelar, luego de salir en libertad. Fue capturado, al
parecer por el Ejército y llevado al cuartel Bolívar de San
Cristóbal, de acuerdo a lo que explica su abogada, Raquel Sánchez, coordinadora
del Foro Penal en el Táchira, quien debió literalmente recorrer todos los
puntos donde llevan detenidos de la ciudad, para dar con el paradero del joven,
de quien no daban razón, ni siquiera en el lugar donde fue recluido.
La
mujer que cuida de Ángel Cardozo –Marlene- lo buscaba en hospitales sin
resultado alguno. En la noche, y a más de 24 horas de su detención, la abogada
Raquel Sánchez lo ubica tras el testimonio de un liberado que compartió celda
con él y le dijo que lo había visto maltratado. Luego de recibir evasivas de
los militares donde estaba prisionero, la abogada logra ver a Ángel Cardozo.
Relata que para el momento lo observó con la ropa muy sucia, mostraba golpes no
profundos en partes su cuerpo y una cura en la cabeza. Cuándo preguntó la
causa, los milicianos le dijeron que se había caído.
De
acuerdo a la versión que conoció Raquel Sánchez, supuestamente le pegaban más
que a los otros porque no hablaba al interrogarlo. El joven además de ser
especial, no conocía sobre lo que le increpaban. Por su propia condición,
contestaba ante algunas supuestas agresiones con rebeldía, dijeron a la
jurista, los funcionarios que se relacionaron con él.
Un
Ángel “especial”
Ángel
Cardozo, sin un diagnóstico fiel porque no ha visitado médicos –ahora lo
hará- es un muchacho especial. Algunas de sus actitudes muestran su
condición y su madre putativa lo confirma, señalando que también tiene gran
inteligencia para labores manuales y artísticas. Sin haber contado con instrucción
crea instrumentos musicales con desechos, pinta con perfección y dibuja sin
agotarse.
Hablando
es fácil percibir que sus reacciones son atípicas, cuenta su amarga experiencia
durante la detención en el cuartel Bolívar de San Cristóbal, pero sin dibujar
gestos de rabia o siquiera rebeldía. Su descripción es detallada, pero lineal
en emocionalidad. Transmite dulzura e inocencia en su relato a pesar de la
crudeza de lo que describe, dice sobre lo que le pasó: “No importa, no fue
mucho, estaba dispuesto a morir si Dios así lo disponía”.
“Me
cacheteaban con el casco y con la mano. El primer y segundo día me pegaban.
Primero éramos cuatro en una celda, pero soltaron a uno. Me decían delincuente
y que me matarían, yo les decía: ‘Delincuentes ustedes que nos pegan’. Nunca
nadie me había pegado tanto en la vida”, dice Ángel.
En
su historia, con perfecta ilación relata que fueron varios sus agresores y que
no hablaban como venezolanos. Refiere a un militar “bueno”, quien lanzaba con
disimulo caramelos a la celda de los detenidos, incluso el uniformado trató de
defenderlo.
Sus
compañeros de celda, tres jóvenes capturados también en las cercanías del
Obelisco de San Cristóbal, confesaban tener miedo y Ángel les decía: “Si muero,
no muero por ser delincuente”, y agrega, “yo oraba al Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo, mientras estaba preso”.
Heroína
silenciosa
Para
cada persona cuentan que hay un ángel destinado, y en el caso de Ángel
Cardozo, se materializó. Él siendo huérfano, sin más familia, residente
de las calles, consumidor de basura y analfabeta, consiguió un hogar gracias a
Marlene Duque, quien le llevó a su humilde casa hace dos años: “Lo trato igual
que a mi hijo y él lo quiere como un hermano. Cuando estuvo preso luchamos y
sufrimos mucho, es que él es muy especial y noble”. Es como un niño,
cuenta la mujer, quien recorrió hospitales durante horas sin saber el
paradero del muchacho, mientras él estaba en prisión.
Agresores
tienen castigo
De
acuerdo a la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros tratos
Crueles, Inhumanos y Degradantes, aprobada en Venezuela en junio del 2013, el
funcionario público que someta o inflija trato cruel a una persona sometida o
no a privación de libertad con la finalidad de castigar o quebrantar la
resistencia física o moral de ésta, genere sufrimiento, daño físico o psíquico,
será sancionado con pena de 13 a 23 años de prisión e inhabilitación para el
ejercicio de la función pública y política.
La
Ley referida define el trato cruel como “los actos bajo los cuales se
agrede o maltrata intencionalmente a una persona, sometida o no a privación de
libertad, con la finalidad de castigar o quebrantar la resistencia física o
moral de ésta, generando sufrimiento o daño físico”.
Un
castigo similar tiene el funcionario que incurre en “trato inhumano o
degradante”, que son actos bajo los cuales se agrede psicológicamente a otra
persona, detenida o no, ocasionándole temor, angustia, humillación;
realice un grave ataque contra su dignidad, con la finalidad de castigar o
quebrantar su voluntad o resistencia moral.
También
dice en su artículo 30 que los funcionarios públicos no podrán invocar
como causa de justificación, la orden de un superior…, para justificar la
comisión de los delitos previstos en la presente Ley.
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