Por: Provea venezuela
Fuente: Prensa Provea
Tras el esfuerzo conjunto
de 9 organizaciones, este 10.06.2014 fue presentado el informe “Venezuela 2014: Protestas y derechos
humanos”, donde se registran las principales tendencias en las
violaciones ocurridas en nuestro país entre los meses de febrero y mayo de
2014.
La sistematización desea
dejar constancia sobre el tratamiento no democrático del gobierno al
descontento social que se viene reflejando en las calles a través de múltiples
formas y, en segundo lugar, dar una visión integral de las violaciones a los
derechos humanos para que la sociedad exija investigación y sanción a los
responsables.
El informe se divide en
siete grandes capítulos: Violaciones al derecho a la
manifestación pacífica; Uso excesivo de la fuerza y violaciones a la integridad
personal; Detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso; Violaciones
a la libertad de expresión y ataques a periodistas; Ataques a civiles en áreas
residenciales; y, finalmente, Violaciones al derecho a la vida.
Las organizaciones exigen
investigación de todas las violaciones a los derechos humanos y sanción a los
responsables, así como de los delitos cometidos por particulares que dejaron
innumerables víctimas muertas o heridas y daños a la propiedad. Condenan los
ataques perpetrados contra comunicadores sociales y rechazan las diversas
formas de violaciones a la libertad de expresión que se produjeron
Sobre las vulneraciones al
derecho a la manifestación, el informe afirma que las declaraciones de altos
funcionarios del Ejecutivo sobre los responsables de las tres primeras
víctimas, asesinadas el 12.02.14 en Caracas, violando el debido proceso,
escalaron peligrosamente el conflicto.
Durante los meses de
febrero y marzo de 2014, se calculó que en 16 estados del país se habían
desplegado por lo menos 20 modalidades diferentes de protestas,
las cuales contaron con la participación de 800.000 personas.
Según una muestra tomada
en 7 estados del país (Distrito Capital, Lara, Táchira, Bolívar, Mérida,
Carabobo y Zulia) entre los meses de febrero y abril de 2014, el 93.35%
de las manifestaciones fueron de carácter pacífico y el 34,05% fueron
reprimidas.
Esta última cifra
contrasta con la cifra más alta de las reprimidas por el gobierno del
presidente Chávez, 7% para el año 2009.
De esta manera, el gobierno de Nicolás Maduro reprime 485%
más que su antecesor.
Por otra parte, la Guardia
Nacional Bolivariana es el organismo responsable de más protestas reprimidas,
siendo los estados Zulia y Lara donde se registraron proporcionalmente las
mayores cifras: En esos estados, de cada 2 manifestaciones realizadas, una fue
reprimida.
Sobre el uso excesivo de
la fuerza y las violaciones a la integridad personal, en los casos registrados
ninguno de los funcionarios policiales y militares actuó apegado a criterios de
proporcionalidad en el empleo de la fuerza y en atención a la reducción al
mínimo de los posibles daños que generaran sus actuaciones.
Entre los meses de febrero
y abril de 2014, el informe registró e individualizó un total de 854
heridos y lesionados en
el contexto de las protestas. Del total, 138 fueron heridas de bala mientras
que 330 fueron heridas causadas por perdigones.
Los registros de las
organizaciones reflejan que el número de personas heridas y lesionadas sufrió
un incremento de 270%con
respecto a los 12 meses de 2013, cuando se registraron 316 víctimas producto de
heridas o lesiones en manifestaciones. Asimismo, el número de heridos y
lesionados representa la cifra más alta registrada en los
últimos 10 años. 333 de los casos registrados tuvieron como
responsable a la Guardia Nacional Bolivariana.
Al cierre del informe se
habían registrado 157 casos de torturas y malos tratos.
Las alegaciones de torturas y malos tratos se produjeron en diversos centros de
detención y muchos de los detenidos fueron víctimas de abusos en más de un
centro de detención e incluso durante los traslados.
El tipo de maltrato físico
más reportado fueron golpes con puños y patadas, estas últimas, frecuentemente,
propinadas con bota militar. Se registraron también golpes con las cachas de
armas cortas o culatazos con arma larga, en ocasiones, de manera repetida.
El informe detalla casos
con nombres y apellidos, como el de Marco Coello, a quien funcionarios del
CICPC le envolvieron el cuerpo con goma espuma, para después propinarle golpes
con bates y otros objetos contundentes. Asimismo, se
reportaron 6 casos de amenazas de abuso sexual contra mujeres detenidas.
Sobre las detenciones
arbitrarias y violaciones al debido proceso. Entre febrero y mayo de 2014 se
contabilizaron 3.127 detenciones arbitrarias a ciudadanos en el contexto de las
manifestaciones realizadas en el país. De ellas 2.463 ciudadanos fueron
sometidos a regímenes de presentaciónen tribunales, lo que
sumado a los 2.400 casos que ya existían, da un total de 4.863 personas
sometidas a regímenes de presentación por haber participado en una
manifestación en el país.
En sólo 4 meses de 2014,
el número de ciudadanos detenidos en el contexto de manifestaciones pasó a ser
la cifra más alta de los últimos 25 años,
duplicando el número de detenciones registrada entre los años 1989-1990 durante
el segundo mandato del ex Presidente Carlos Andrés Pérez.
Asimismo, el Informe
destaca que entre 1989 y 2013, 10.400 personas fueron detenidas por los cuerpos
de seguridad del Estado durante la organización o el desarrollo de
manifestaciones. En 4 meses, la cifra de detenciones representa el
30% del total de detenciones a manifestantes realizadas en 24 años de
protestas.
Detenciones
indiscriminadas y selectivas son dos de los patrones registrados para las privaciones
arbitrarias de libertad. El informe también da cuenta de detenciones
realizadas por civiles, el forjamiento de pruebas
incriminatorias y el robo de sus pertenencias a personas privadas de libertad.
Acerca de las violaciones
a la libertad de expresión y los ataques a periodistas, durante el primer
cuatrimestre del año 2014 se registraron 174 casos que abarcaron 325
violaciones a la
libertad de expresión.
Esta última cifra
representa un aumento de 240% respecto al mismo período del 2013.
Las denuncias recibidas incluyen 37 detenciones, 67 agresiones, 31
robos o hurtos, un herido de bala y una persona fallecida: el
ingeniero José Alejandro Márquez quien fue golpeado por efectivos de la Guardia
Nacional la noche del 19.02.14, luego de grabar las manifestaciones
escenificadas en La Candelaria, Caracas.
En el contexto de las
manifestaciones de febrero a mayo, la criminalización, represión y violación de
DDHH tomó una nueva dimensión: ataques generalizados y sistemáticos a
zonas residenciales por ejercer el derecho a la manifestación.
Los ataques ocurrieron en 14 estados del país y fueron documentados en el informe
para 4 estados (Bolívar, Zulia, Táchira y Lara), encontrándose un total de 204
ataques en 105 residencias o áreas habitadas.
En el 81%
de estos ataques participó la GNB, en 17% actuaron las Policías Estatales, en
12% el Ejército, y en 8% la Policía Nacional Bolivariana.
Asimismo, en el 26% también actuaron grupos de
agresores civiles que,
en un61%,
actuaron en coordinación y bajo el amparo de los funcionarios militares y
policiales.En Bolívar, la actuación
conjunta fue de 100% y en Lara de 86%, estados donde tuvieron mayor presencia.Además, en 36%
de los ataques se produjeron daños a bienes privados y en 34% allanamientos
ilegales con el objetivo de capturar a supuestos manifestantes.
Sobre las violaciones al
derecho a la vida, el informe identifica41
víctimas, 27 de las cuales resultaron asesinadas por armas de fuego.
Queda la responsabilidad a la administración de justicia investigar y
determinar cuáles de las personas asesinadas murieron como consecuencia de
disparos realizados por integrantes de cuerpos armados del Estado y
cuáles por actuación de particulares que dispararon contra los manifestantes o
contra los organismos policiales y militares.
Ningún caso debe quedar
impune. El Ministerio Público debe investigar las otras 14 muertes que se
produjeron en diversas circunstancias y establecer responsabilidades donde haya
lugar y aclarar al país aquellas donde la causa fue accidental.
Las organizaciones
reivindican el derecho a la manifestación pacífica, rechazan la criminalización
de la protesta y condenan la violencia, tanto la perpetrada por el Estado
mediante un uso excesivo de la fuerza como la practicada por particulares.
Exigen investigación de
todas las violaciones a los derechos humanos y sanción a los responsables, así
como de los delitos cometidos por particulares que dejaron innumerables
víctimas muertas o heridas y daños a la propiedad. Condenan los ataques
perpetrados contra comunicadores sociales y rechazan las diversas formas de
violaciones a la libertad de expresión que se produjeron.
Finalmente exigen del
Estado venezolano, principalmente del Ejecutivo Nacional, que canalice
de manera democrática la protesta social, respete el derecho a
exigir derechos, el derecho a disentir y las normas constitucionales que
garantizan el derecho a la reunión y a la manifestación.
Las organizaciones que
realizaron el informe “Venezuela 2014: Protestas y derechos
humanos” fueron: Civilis
Derechos Humanos, Espacio Público, Foro Penal Venezolano, Asociación Civil
Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ) del estado Lara, Programa Venezolano de
Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), La Comisión Inter-Institucional
de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad del Zulia, la Escuela de Derecho de la Universidad Rafael Urdaneta
y la Comisión de Derechos Humanos del Coleg.
No hay comentarios:
Publicar un comentario