Por: José Rafael López Padrino
Fuente: Soberania.org
Se trata de un Poder Popular ficticio, tutelado
política y económicamente por el gobierno central
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| El estado comunal fue lo mejor que le paso a la unión soviética |
De
todas ellas, la Ley del Poder Popular constituye el entramado jurídico que le
permitirá al socialfascismo
bolivariano desmontar
la estructura del Estado venezolano actual, definido en la Carta Magna de 1999
y lograr un reordenamiento geográfico, político y económico del país para acentuar su proyecto
totalitario. Se trata de un Poder Popular ficticio,
tutelado política y económicamente por el gobierno central. Más que representar
instancias organizativas de poder local independientes y autónomas constituyen
apéndices del régimen, sujetas a la voluntad del comandante-presidente.
Todo este montaje jurídico pretende el establecimiento de un Estado comunal hegemónico y centralista, que implica la creación de un nuevo ordenamiento territorial del país basado en la formación de “distritos motores y comunas”. Esta disposición jurídica calca el reordenamiento del territorio alemán decretado por Hitler una vez que se consolidó en el poder (1933). Todos los Estados federados de Alemania, según la Constitución de Weimar, fueron reordenados geográficamente, su autonomía política fue reducida y sus autoridades fueron sustituidas por representantes del gobierno central. El objetivo fue el de establecer un nuevo orden geopolítico que permitiese la imposición de la visión hegemónica del proyecto Nazi.
Todo este montaje jurídico pretende el establecimiento de un Estado comunal hegemónico y centralista, que implica la creación de un nuevo ordenamiento territorial del país basado en la formación de “distritos motores y comunas”. Esta disposición jurídica calca el reordenamiento del territorio alemán decretado por Hitler una vez que se consolidó en el poder (1933). Todos los Estados federados de Alemania, según la Constitución de Weimar, fueron reordenados geográficamente, su autonomía política fue reducida y sus autoridades fueron sustituidas por representantes del gobierno central. El objetivo fue el de establecer un nuevo orden geopolítico que permitiese la imposición de la visión hegemónica del proyecto Nazi.
Los
distritos motores plateados en el Estado Comunal serán unidades territoriales
decretadas directamente por el régimen, cuyos límites podrían coincidir o no,
con los límites político-territoriales de los Estados, o Municipios
existentes, los cuales tendrán una autoridad única, cuya designación será
potestad del autoritario de Miraflores. Recordemos que los distritos motores de
desarrollo fueron rechazados en el referendo del año 2007. Lo alarmante de esta
situación es que los distritos motores se transformarán en entidades
territoriales paralelas a la estructura político-territorial vigente, con el
agravante que tanto su creación como la designación de sus autoridades se dan
al margen de la voluntad popular. Obviamente, este nuevo ordenamiento
territorial conduce inexorablemente al aniquilamiento político y administrativo
de las Gobernaciones y Municipios.
Además esta propuesta hegemónica y excluyente contempla que la propiedad de los medios de producción estará en manos del Estado. Es decir, se profundiza un capitalismo de Estado explotador y perverso. Pero además promoverá un sistema de producción y consumo fundamentado en el trueque y el uso de monedas comunales. Con la imposición de esta Ley el país se retrotrae a los tiempos del General Juan Vicente Gómez, cuando se les pagaba a los trabajadores con fichas cuyo valor de cambio se circunscribía a un cierto espacio territorial. Además este “Poder Popular” no surge como producto de una consulta electoral de los habitantes de la zona, sino por iniciativa de algunos ciudadanos (no importa el número de ellos), de los consejos comunales (afines al régimen) y de las organizaciones sociales (controladas por el PSUV) que hagan vida activa en las comunidades. Lejos de "empoderar" al pueblo”, como falazmente afirman sus proponentes, este proyecto conduce a una desmovilización social, y al desmontaje del proceso de elegir a los representantes mediante el voto directo, universal y secreto el cual constituye el primer eslabón en la construcción de mecanismos de participación y expresión de la voluntad de la mayoría de una nación, de una región, etc.
Además esta propuesta hegemónica y excluyente contempla que la propiedad de los medios de producción estará en manos del Estado. Es decir, se profundiza un capitalismo de Estado explotador y perverso. Pero además promoverá un sistema de producción y consumo fundamentado en el trueque y el uso de monedas comunales. Con la imposición de esta Ley el país se retrotrae a los tiempos del General Juan Vicente Gómez, cuando se les pagaba a los trabajadores con fichas cuyo valor de cambio se circunscribía a un cierto espacio territorial. Además este “Poder Popular” no surge como producto de una consulta electoral de los habitantes de la zona, sino por iniciativa de algunos ciudadanos (no importa el número de ellos), de los consejos comunales (afines al régimen) y de las organizaciones sociales (controladas por el PSUV) que hagan vida activa en las comunidades. Lejos de "empoderar" al pueblo”, como falazmente afirman sus proponentes, este proyecto conduce a una desmovilización social, y al desmontaje del proceso de elegir a los representantes mediante el voto directo, universal y secreto el cual constituye el primer eslabón en la construcción de mecanismos de participación y expresión de la voluntad de la mayoría de una nación, de una región, etc.
En resumen, esta la Ley del Poder Popular constituye un nuevo
instrumento jurídico destinado a la imposición de un pensamiento único y
confisca de forma y de fondo, la soberanía popular expresada a través del voto.
Además, profundiza el control social de los venezolanos mediante una
redistribución del espacio territorial, dando al traste con las gobernaciones,
alcaldías, y otras instancias de gobierno, refrendadas por la voluntad popular
a través de incontables procesos eleccionarios. Con estas leyes se concreta el
despojo del derecho a la participación y al protagonismo del pueblo organizado.
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